Los accionistas
Portadores de acciones del Banque d'Orient en Grecia y en la diáspora. Conservaron títulos y cupones de generación en generación, llevaron el caso a los tribunales y, algunos de ellos, hablaron públicamente.
La investigación comenzó a principios de la década de 2000, en bibliotecas y museos de Grecia, el Reino Unido, Estados Unidos, Francia y Egipto. La pregunta era simple: ¿se había publicado alguna vez un estado contable de la liquidación del Banque d'Orient? Tras días enteros ante el lector de microfilmes, la respuesta fue no. Todo lo que siguió se construyó sobre esa respuesta.
A partir de 2011 la investigación se convirtió en correspondencia oficial: cartas al NBG, al Banco de Grecia, a los ministerios y al Archivo General del Estado. Las respuestas, casi todas negativas, se convirtieron en pruebas. En 2014 el NBG respondió que el contrato de fusión «no se localiza en el archivo del banco» D47, y el Ministerio de Desarrollo certificó que nunca se presentó documento alguno de finalización D44.
Este trabajo nunca fue obra de una sola persona. Lo hicieron portadores de Grecia y de la diáspora, que presentaron 105 anexos en el primer juicio y una nueva serie en la apelación. Unos pocos se han presentado públicamente con su nombre, entre ellos Eleftherios Rinos. La mayoría permanece en el anonimato, igual que sus títulos.
Todavía en los tribunales
Desde 2011 no ha pasado un año sin una actuación judicial: medidas cautelares para la exhibición de documentos en 2012, la solicitud de nombramiento de liquidadores en 2013, la demanda presentada el 5 de septiembre de 2016, la remisión a Atenas, el juicio, la apelación.
Portadores de la comunidad han declarado en el procedimiento civil, y como testigos en las causas penales por el uso del nombre del banco.
El juicio continúa y la Comunidad de Accionistas asiste a cada audiencia. Dada la intransigencia de los responsables, tenemos la certeza de que el caso llegará hasta el Tribunal Supremo y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La verdad, frente a la organización Sorras
Desde 2011 la organización de Artemis Sorras utilizó el nombre del banco: «600.000 millones», «bonos», promesas de que la deuda desaparecería. Esas afirmaciones no se apoyaban en ningún documento. Ni uno solo de los miles de documentos del expediente judicial las confirma.
Los portadores investigaron esas afirmaciones y las desmintieron públicamente ya desde 2013. En 2014 presentaron una denuncia penal; el archivo conserva también sus requerimientos extrajudiciales por el uso del nombre del banco. Miembros de la comunidad declararon como testigos en la investigación penal que siguió y que terminó en procesos penales.
Las historias sobre bonos y acciones de valor mítico no fueron simplemente falsas. Perjudicaron la causa real. Mientras el debate público se llenaba de tesoros imaginarios, la única pregunta sólida quedaba sin respuesta: ¿qué fue de la cuenta de liquidación de un contrato publicado en el Boletín Oficial del Gobierno? Defender la verdad significa también esto: decir con claridad que el caso es civil, se basa en un contrato y en documentos, y no tiene ninguna relación con lo que anuncia la organización Sorras.
Los bancos nunca informaron al público
La mayor responsabilidad no recae en quienes difundieron esas historias. Recae en los bancos. El Banque d'Orient tenía 280.000 acciones al portador de 125 francos oro, en manos de inversores en Grecia y en el extranjero D05. Bancos y Estados sabían que los títulos circulaban: los recibían en depósito, los sellaban, los gravaban D34 D35 D36.
Y sin embargo, los inversores nunca fueron informados. No se publicó ningún estado contable en el boletín de sociedades anónimas, no se dirigió ningún llamamiento a los portadores. El «estado final» del 28 de diciembre de 1936, en el que se basa el NBG, no está firmado, y no puede certificarse el número del periódico en el que se dice que fue publicada D22. Nunca se presentó un balance final en el Registro de Sociedades Anónimas D44.
Los portadores, muchas veces descendientes que heredaron un título, no tenían a quién acudir. Desde 2011 las respuestas fueron siempre las mismas: no se nos informó, no se localiza, no existe. Ese silencio no fue inocente. Dejó los títulos en un vacío donde nadie podía saber cuánto valían ni si seguían siendo válidos. Así se abrió camino a los títulos falsificados y, más tarde, a la organización Sorras, que construyó sobre ese vacío el mito de los 600.000 millones.
Si los bancos hubieran hecho lo evidente, rendir cuentas de la liquidación que habían asumido, publicar los estados de la cuenta, cerrarla legalmente y convocar a los portadores, no habría existido ni falsificación ni mito. Debían proteger a los inversores informándolos. Nunca lo hicieron. Otros llenaron el vacío que dejaron, y los portadores pagaron el precio.